El pleno del Congreso suspendió esta tarde el debate una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo para introducir cambios a la Ley 29703, que modificó el Código Penal en los delitos contra la administración pública y fuera objeto de varios cuestionamientos.
La medida se acordó después de que el presidente de la Comisión de Justicia, Rolando Sousa, aceptara pasar a un cuarto intermedio la primera de las tres iniciativas del Poder Ejecutivo que se debatirán en una legislatura extraordinaria de dos días.
Como se recuerda dicha ley fue aprobada anteriormente por el Parlamento con base en un proyecto presentado por el Poder Judicial.
Sin embargo, fue objeto de una serie de críticas de diversos sectores tras su promulgación, en el sentido de que favorecería supuestamente a los funcionarios que cometieron delitos de corrupción.
Ante ello el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para volver a la redacción original de los tipos penales vigentes que existía hasta antes de la promulgación de la ley 29703.
Asimismo, para precisar el alcance de seis artículos del Código Penal, y establecer severas sanciones por delitos contra la administración pública en las figuras del abuso de autoridad, colusión, peculado, peculado de uso, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Durante el debate Sousa demandó que se “levante” las acusaciones formuladas contra el Poder Legislativo, respecto a favorecer la impunidad con la aprobación hecha en su momento de la ley 29703, sobre los delitos contra la administración pública, impulsaría la impunidad.
Recordó que el proyecto de ley primigenio del Poder Judicial, que fue modificado por el Parlamento, sí flexibilizaba tales delitos.
Tras indicar que se ha pretendido “arrinconar al Parlamento”, sostuvo que una explicación a la intención que habría tenido Poder Judicial de flexibilizar estos delitos, sería la existencia de 14,730 procesos por casos contra la administración pública, que se encuentran a la fecha en la vía judicial.
Al respecto precisó que por abuso de autoridad existen (en la actualidad) 1,630 procesos en curso, por colusión 576; por peculado 3,754; por malversación 151; por tráfico de influencias 51 y por enriquecimiento ilícito 33.
“Entonces que se levante esa acusación de que el Congreso ha impulsado la impunidad con la Ley 29703, se ha dicho que legitima la coima y eso es falso porque no han sido regulados los delitos de cohecho”, advirtió.
