Tal cómo se había anunciado, el Gobierno no promulgará la ley de retiro de aportes de la de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso de la República la madrugada del 25 de agosto.
El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, confirmó que el Ejecutivo observará la autógrafa “por ser inconstitucional y porque va contra la intangibilidad, que son los fondos de pensiones”. "Todavía no ha llegado (la autógrafa de la ley). Cuando llegue, indudablemente nosotros la vamos a observar por las graves consecuencias económicas y sociales.
El Premier agregó que poner en vigencia dicha Ley requeriría de un presupuesto de S/15 mil millones, cifra que sería mayor a la inversión realizada con la entrega de bono, y que además perjudicaría a los mismos afiliados.
DECISIÓN QUEDARÁ EN MANOS DEL CONGRESO
Tras la inminente negación por parte del Ejecutivo, el Congreso tendrá la facultad de aprobarla por insistencia, tal como hizo con la ley de retiro de los fondos de las AFP. Ante este posible escenario, el Gobierno tiene la opción de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
