El contralor general, Nelson Shack, señaló que es necesario que la Contraloría recupere su capacidad para sancionar administrativamente a funcionarios y servidores públicos que incurran en inconducta funcional o actos de corrupción sobre todo durante la emergencia por la COVID-19.
“Apenas termine la cuarentena, iniciaremos el control posterior, en base a los servicios de control simultáneo que venimos realizando, y en ellas es probable que se determinen responsabilidades de los funcionarios públicos durante esta etapa de emergencia, pero la Contraloría no va a poder sancionar a nadie a menos que se apruebe la ley que restituye nuestra capacidad sancionadora”, dijo.
Shack Yalta solicitó al Congreso de la República la revisión del dictamen que aprobó el proyecto presentado anteriormente por la Contraloría. Además indicó que mientras no se pueda sancionar a los malos funcionarios y servidores públicos, seguirá la sensación de impunidad en la población.
Asimismo, anunció que en las próximas semanas se realizará la supervisión a los penales, a la gestión de los residuos sólidos, así como a las ferias itinerantes para la venta de los productos agrícolas.
También se concluirán en los siguientes días los operativos en las comisarías de Lima y Callao, en las plantas de las unidades de transporte público a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y a la distribución de canastas básicas para la población vulnerable.
