Dina Boluarte sigue blindada por el Congreso de la República y su denuncia constitucional duerme placenteramente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Han pasado más de tres meses, desde que se presentaron tres acusaciones en su contra y hasta ahora no pasa nada.
El tiempo y los plazos se excedieron por completo. La presidenta Rocío Torres de Alianza Para el Progreso (APP), se valió de vacíos en el reglamente del Congreso y de nombramientos de delegados cuestionados, para dilatar la redacción del informe contra la vicepresidena.
Todo esto pese a que existen claros indicios de que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social cometió infracciones a la Constitución, como lo detectó la Contraloría General de la República.
