Desde la disolución del Congreso dispuesta el 30 de setiembre hasta la fecha, el Gobierno del presidente Martín Vizcarra ha publicado un total de 54 decretos de urgencia. Frente a dichas competencias, surge la pregunta si ¿se están cumpliendo con los requisitos básicos como establece la ley? ¿Responden a una necesidad imperiosa? ¿Estamos frente a leyes impostergables? Panorama pudo recoger las declaraciones de expertos, que dejaron sus dudas respecto a la viabilidad de los decretos con carácter de ley.
"Lo que preocupa es si es viable y cómo hacerlo. Debería asegurarse una salud de calidad y de forma oportunidad y esa viabilidad lastimosamente requiere de un presupuesto y este decreto de urgencia no establece un presupuesto", explicó Omar Neyra, presidente del Gremio Comsalud luego del decreto anunciado por el jefe de Estado sobre el acceso del Seguro Integral de Salud a todos los peruanos.
Consultado si hubo urgencia de priorizar al decreto de urgencia de la ley del cine, César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional, sostuvo que si bien se trata de una propuesta necesaria, "la importancia y urgencia no es precisamente lo que espera la ciudadanía". "Habían otros temas que sí eran más urgentes", agregó.
En febrero del 2018, Edmer Trujillo, ministro de Transportes, se comprometió con el gremio de transportistas a devolverles el 53% del impuesto selectivo al consumo por la adquisición de Diesel D5 Y D20, es decir los más contaminantes y nocivos. Ante ello, el Ejecutivo con la facultad que tiene en este momento de legislar, emitió un decreto de urgencia para que su ministro pueda cumplir su promesa.
"La única justificación que se ha dado es que si se libera el monto del combustible en el transporte se podrá incentivar las inversiones en seguridad. Es absurdo porque nada te garantiza que ese monto sea invertido", señaló Fernando Cáceres, analista de Políticas Públicas.
