Funcionarios de la Fiscalía, la Policía y la Contraloría ejecutaron el allanamiento de las instalaciones del Ejército Peruano en la región de Piura. Esta medida busca obtener documentos relacionados con una investigación en curso sobre posibles irregularidades en la contratación de servicios de alquiler de vehículos de transporte terrestre, utilizados para movilizar al personal militar que se encargó de brindar seguridad durante las elecciones regionales y municipales en octubre de 2022.
El juez Jenner Vásquez Martínez, en el marco del expediente N°05811-2023-18-1601-JR-PE-09, ordenó el allanamiento y descerraje en estas oficinas, así como el registro de equipos de cómputo y soportes digitales, con el fin de recabar información de potencial relevancia para la investigación.
El presunto delito es por colusión agravada. La intervención se enfocó en obtener documentos sobre contratos realizados en el año 2022 y donde se sospecha la existencia de violaciones a la normativa de las contrataciones públicas, lo que podría configurar, además, ilícitos penales.
INTERVINIERON TAMBIÉN OTRAS SEDES
Las operaciones en la región de Piura tuvieron lugar en las oficinas de G3-Operaciones y la administración de la Comandancia General de la I División del Ejército, ubicadas en la avenida Bolognesi. También se realizó una intervención en el cuartel El Fuerte Militar Matacaballo en Sechura, el cual alberga la Compañía de Ingeniería Anfibia N° 111 y la Compañía Especial de Comando N° 111.
Según el expediente fiscal N° 433-2022 de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, se requería la contratación del “Servicio de alquiler de vehículos para el desplazamiento del personal militar que participaría en el proceso de las ERM 2022".
El procedimiento de contratación directa N°003-2022 EP/UO0810 se desarrolló para alquilar 193 vehículos que transportarían a 2,286 militares. El 28 de septiembre de 2022, la Séptima Brigada de Infantería contrató a la empresa “Corporación Cage EIRL" para este servicio.
La misma empresa firmó un contrato con la 32° Brigada de Infantería de Trujillo el 26 de septiembre del 2022 por un monto de S/2’163,200 para dividir ese servicio. Continúan las investigaciones para determinar si hubo irregularidades en estos procedimientos contractuales.
