El Gobierno fue denunciado ante los tribunales por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) "por poner en riesgo a los pueblos originarios durante la pandemia por el COVID-19".
Según la presidenta de Onamiap, Melania Canales Poma, declaró a EFE, que están exigiendo y demandando al Gobierno que los considere como sujetos de derechos a los pueblos y mujeres indígenas y que no las tomen en cuenta como personas de segunda o tercera categoría.
La dirigente remarcó que los pueblos indígenas tienen "igual derecho a la salud,a la educación en este país" y manifestó su preocupación ante el gran incremento en los costos de la atención médica privada y por las dificultades para atender otras enfermedades que no sean el coronavirus.
"En esta situación las mujeres están teniendo hijos, algunas de ellas han sido contagiadas y muchas no son atendidas en los centros de salud", denunció antes de alertar que se "corre el riesgo de que los recién nacidos puedan continuar con el sarampión, la viruela, entre otras enfermedades".
Por ese motivo, con el acompañamiento técnico y jurídico de la organización EarthRights International (ERI), la Onamiap ha presentado una demanda de amparo contra los ministerios de Cultura, Salud, Educación, Economía y Finanzas, Desarrollo e Inclusión Social y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Estas instituciones han sido denunciadas por presuntamente "vulnerar y poner en riesgo los derechos de los pueblos indígenas" durante la emergencia sanitaria, al afectar sus derechos a la vida, integridad, salud, identidad étnica, educación, igualdad, libre determinación y participación política.
Además, Canales aseguró que en el distrito de Jeberos, en la provincia selvática de Alto Amazonas, unos 50 pobladores de la etnia Shiwilos presentaron síntomas de la COVID-19 y luego de muchas exigencias las autoridades solo les enviaron 15 pruebas rápidas.
