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Hace 5 meses

ATU impulsará acciones penales contra dueños de vehículos informales que chocaron contra buses del corredor Morado

Ambas unidades tampoco contaban con SOAT vigente y acumulan multas por más de 230 mil soles por informalidad. Además, un conductor no tenía licencia.

Foto: Andina



La irresponsabilidad y el peligro que generan los vehículos de transporte público informal vuelven a teñir de sangre las pistas de la ciudad. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que sancionaría con multas de hasta S/19 800 a los propietarios de las dos unidades que brindaban el servicio de transporte público de manera informal y sin SOAT, y que protagonizaron un accidente de tránsito al impactar con dos buses del corredor Morado, en San Juan de Lurigancho.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Próceres de la Independencia y Los Jardines Oeste. Una de las unidades informales es una cúster de placa AAD-746 que, además de no contar con la autorización respectiva y el SOAT vigente, acumula multas que superan los S/217 000 por prestar el servicio sin autorización.

El otro vehículo informal involucrado es este accidente es una combi de placa B3K-775, que acumula multas por casi 20 mil soles por informalidad. Asimismo, se conoció que uno de los conductores no contaba con licencia, mientras que el segundo no se encontraba habilitado para brindar el servicio de transporte de pasajeros.

Debido a la gravedad de las infracciones cometidas, así como el peligro que representan para los usuarios del servicio de transporte, peatones y conductores de otros vehículos, la ATU solicitará el internamiento inmediato de ambos vehículos informales en sus depósitos.

Con relación a los heridos, que suman más de 12, estos fueron trasladados a una clínica particular en el mismo distrito.

ACCIONES PENALES

Es importante precisar que, al no contar ninguno de estos vehículos con SOAT vigente, la ATU impulsará acciones penales contra los propietarios de los mismos al generar un peligro para la vida, la salud o la integridad física de las personas, pudiendo recibir una pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor a tres.

Cabe señalar que las sanciones administrativas serán impulsadas por esta autoridad conforme a lo dispuesto en la normativa de transporte, sin perjuicio de las responsabilidades que se establezcan durante las investigaciones a cargo de la Policía Nacional y del Ministerio Público.


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