Continúa la controversia por el pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional. La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno del presidente Francisco Sagasti a través de una carta, a resarcir los derechos fundamentales de los oficiales que se vieron afectados, y consideró que la decisión del Ejecutivo afectó la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú.
"Consideramos que se ha realizado una interpretación incorrecta del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. Ello, a nuestro juicio, afecta la institucionalidad de dicho organismo, contraviene reglas y estándares fijados por el Tribunal Constitucional y menoscaba derechos fundamentales", señaló en un oficio dirigido a la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia.
La defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez añade que si bien es atribución del Ejecutivo cambiar al jefe de la PNP, existe “un límite expreso” para el ejercicio de esta facultad que debe darse en el marco “de lo previsto en la Constitución”. Y, por tanto, afirma que el Gobierno “ha realizado una interpretación incorrecta” de la norma que establece esta facultad.
“Consideramos necesario la adopción de medidas que además de recuperar la institucionalidad de la policía, garanticen a futuro el pleno respeto del principio meritocrático en la selección de sus más altos mandos. En el mismo sentido, corresponde resarcir los derechos fundamentales de quienes se vieron afectados por la incorrecta interpretación del Decreto Legislativo Nº 1267”, se lee en el documento remitido el último lunes.
