Diez exministros de Martín Vizcarra rechazaron el informe aprobado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, que recomienda inhabilitar por 10 años al exmandatario para ejercer cualquier cargo público por la contratación irregular de Richard Cisneros.
Mediante un comunicado, calificaron de "falsedades" las acusaciones del informe, pues consideran que "carece de toda rigurosidad legal" y no ha cumplido con el debido proceso, ni siquiera el de convocar a quienes acusan.
"Un informe realizado de manera arbitraria, con cuestionables contenidos infundados, que no se sustentan en ninguna prueba o documento. Es preocupante que una Comisión de Fiscalización del Congreso se haya convertido en una plataforma de persecución política impulsada por intereses subalternos de algunos congresistas", señalaron.
El documento fue elaborado "de manera parcializada", cuestionaron que se pretenda de acusar constitucionalmente a 18 exministros por los delitos de tráfico de influencias, omisión de funciones y colusión en el marco de una organización criminal.
"Hechos que no sólo involucran el objeto por el cual fue creada esta comisión, sino que incluyen otros casos, con información falsa, llegando a niveles extremos de solicitar la inhabilitación del ejercicio de toda función pública por 10 años al expresidente Vizcarra y acusar constitucionalmente a los ex ministros a los que ni siquiera se nos ha citado para ejercer nuestro legítimo derecho de defensa, fundamentando su acusación en reportajes periodísticos e información no comprobada, sin motivar infracción constitucional alguna", enfatizaron.
NINGÚN TIPO DE PARTICIPACIÓN EN CONTRATACIÓN ALGUNA
Los exministros también afirmaron que no tuvieron ningún tipo de participación en contratación alguna, y siempre respetaron lo establecido en la Ley de Contrataciones.
"En ese sentido, afirmamos que nunca se nos ha exigido o solicitado la contratación ni favoritismo de ningún ciudadano para el ejercicio de algún cargo público, por lo que plantear una inhabilitación y acusación constitucional es inconcebible y descabellado", precisaron.
Finalmente, hicieron un llamado al respecto del debido proceso y a "no utilizar los cargos públicos para llevar a cabo venganzas políticas".
"La actuación del Poder Legislativo y los representantes de las diferentes bancadas que lo integran debe llevarse a cabo con la mayor objetividad y transparencia, y no caer en el juego de aquellos que buscan manchar honras y someter a escrutinio público a profesionales y funcionarios de carrera que hemos trabajado por el bien de nuestro país desde el espacio o cargo que hemos asumido", enfatizaron.
