24 Horas Edición Central

04/07/2018

Cuestionan postulación de exministros fujimoristas que tienen condenas

Gerado Távara, representante de la Asociación Civil Transparencia, además indicó que a lo largo y ancho del país existen varios candidatos que tienen problemas con la justicia.




Absalón Vásquez (exministro de Agricultura) y Federico Salas (expresidente del Consejo de Ministros), ambos representes del gobierno de Alberto Fujimori en su momento, se encuentran postulando a cargos públicos en los próximos comicios a realizarse en octubre, a pesar de tener procesos judiciales en su contra.

“La ley aprobada en enero dice que no pueden postular aquellos que fueron condenados como autores de peculado, pero como Salas y Vásquez fueron condenados como cómplices de peculado, están aprovechando esa rendija de la ley para presentar su candidatura y están participando en la elección”, afirmó Gerardo Távara, secretario ejecutivo de Transparencia.

Asimismo, detalló que estas elecciones municipales y regionales tiene a candidatos que se han inscrito desde la clandestinidad como el señor Walter Aduviri, quien es sindicado de realizar saqueos y ataques tanto a empresas públicas como privadas en el año 2011 y que en la actualidad se encuentra prófugo de la justicia al tener una condena de siete años por disturbios, pero aún teniendo ese antecedente postula a ser gobernador regional de Puno.

Sin embargo, no sería el único con problemas judiciales. Aquí en Lima está el caso de Daniel Urresti, candidato al sillón metropolitano y que tiene un juicio oral por la muerte del periodista Hugo Bustios. En tanto, la postulación de Luis Valdéz, exalcalde de la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali, también es cuestionada debido a que se encuentra procesado por narcotráfico y el crimen de un hombre de prensa, pero además porque es acusado de haber plagiado un plan de gobierno municipal.

Por su parte, Gerardo Távara, criticó que no todos los partidos políticos han utilizado la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones, el cual es una herramienta que implementó el Estado para conocer los antecedentes de los candidatos.


 


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