La ordenanza que dio el gobierno regional de Cusco que impide contratar a extranjeros en esta región generó contundentes reacciones de parte de la Defensoría del Pueblo, y en su representante para los Derechos Humanos, Percy Castillo Torres, quien condenó la medida.
“La norma prohíbe discriminar por razón de origen, por ende ningún gobierno regional puede crear regulaciones que demeriten a las personas por su lugar de nacimiento”, sostuvo Castillo.
La ordenanza regional plantea priorizar la mano de obra local sobre la extranjera, alegando que muchos inmigrantes trabajan por sueldos muy bajos perjudicando a los empleados peruanos.
Según cifras de migración Perú en el país hay 780 mil venezolanos registrados formalmente. Se estima que 1.500 personas de esta nacionalidad ingresan diariamente al país.
