La Contraloría halló deficiencias, irregularidades y una mala organización en el servicio de limpieza y desinfección de transporte público que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) contrató de manera directa por más de S/42 millones para evitar la propagación del COVID-19.
En la inspección a 100 paraderos y 1700 vehículos se encontró que algunas de las empresas que ganaron la buena pro, utilizaban el mismo balde de agua para varias unidades.
Además, no cumplían con la verificación de los insumos como estipula el contrato. Además, en las inspecciones, afirman, se evidenció una escasa supervisión de la ATU.
A raíz de estas deficiencias, los transportistas contrataron a su propio personal para la limpieza y cumplir con los protocolos que la propia ATU, contradictoriamente, les exige cumplir.
