El presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea, presentó el último jueves una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) precisamente para que se revierta la situación en el pleno y se les devuelva a los parlamentarios sus facultades restringidas.
El recurso de medida cautelar se presentó con el objetivo de dejar suspendidos los efectos del Decreto Supremo No. 165 que indicaba: "la disolución del Congreso, la revocatoria del mandato parlamentario de los congresistas que no integran la Comisión Permanente y la convocatoria al proceso de elecciones parlamentarias".
De aplazar esta medida cautelar, argumenta Olaechea, se limitan las funciones de control hacia el Ejecutivo y señala que el presidente de la República estaría teniendo un periodo “de impunidad política e impunidad moral”.
La demanda competencial, en tanto, se basa en el planteamiento de cuestión de confianza formulado por el Gobierno el 30 de septiembre y que, según reza el documento, no tendría lugar a ser pues el Ejecutivo no tiene la atribución sobre la elección de magistrados del TC, una facultad 100% del Congreso.
Sobre la legitimidad de la demanda, se argumenta que la decisión de interponerla a través de la Comisión Permanente y no por el pleno del Congreso se debe al cierre propiciado por el Ejecutivo.