El Poder Ejecutivo oficializó la ley que impide laborar en el sector público a sentenciados por apología del terrorismo, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, trata de personas y delito de corrupción de funcionarios.
La norma, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, también determina que la restauración, luego de concluida una sentencia, “no habilita para prestar servicios personales en el sector público”.
Cabe señalar que la normativa comprende a todas las entidades de la administración pública, bajo cualquier régimen de prestación de servicios personales, sean o no de carácter laboral.
Esta medida deberá ser implementada por el Ministerio Público en el plazo de 90 días, con la finalidad de que las entidades de la administración pública acondicionen este requisito a su procedimiento de selección de personal .
