Ante el alza de precios de constancias policiales y certificado de supervivencia, entre otros documentos, el Indecopi solicitó al Ministerio del Interior (Mininter) información que sustente la legalidad de las tasas publicadas en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
A través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27444, en materia de derechos de trámite, la defensoría del consumidor solicitó al ministerio la precisión de la norma (decreto supremo) que habría aprobado las nuevas tasas.
Asimismo, recordó a dicha cartera que de acuerdo con el artículo 45º de la referida ley, el monto de los derechos de trámite debe ser fijado en función al importe del costo que su ejecución genera a la entidad el servicio prestado durante toda su tramitación y, de ser el caso, por el costo real de producción de documentos de la entidad.
Además, se solicitó al Mininter que remita el detalle y documentación de los costos que sustentan el monto de las nuevas tasas, en función a la metodología de costeo aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros para todas las entidades públicas.
El Ministerio del Interior tiene un plazo de cinco días hábiles para contestar el requerimiento. Este plazo vence el 21 de febrero próximo.
