Angélica Jiménez, víctima del atentado de Tarata, Valeria Valer, hija del fallecido comandante peruano Juan Valer y Marcos Ibazeta, ex juez antiterrorista estuvieron presentes en los estudios de Panamericana Televisión para determinar si el proceso que terminó en la liberación de los senderistas Osmán Morote y Margot Liendo fue un juicio justo.
Angélica Jiménez no es la única víctima del atentado de Tarata, su hijo Sebastián que al momento del crimen terrorista estaba en el vientre de su madre también sufrió severos daños en su cerebro debido a la onda expansiva del estallido. “Es como un bebe”, relata Angélica, “él necesita permanentemente medicinas”. Ella denuncia que, debido a la mayoría de edad de su hijo, él no puede recibir ningún tipo de medicinas, tampoco atención médica y que el Estado peruano nunca se acercó a indemnizarla.
En ese sentido, Valeria Valer indicó que el Estado tampoco está retribuyendo a las personas ‘que pusieron el pecho’ por el país y que los casos de liberación de terroristas como Osmán Morote y Margot Liendo es una muestra de ello. “La sociedad y el Estado deben mantener la pacificación que ellos con tanta sangre, sacrificios, sudor, lágrimas han conseguido. Ellos han muerto para que las personas como la señora Angélica no vivan esto. La liberación de terroristas nos debe preocupar más que indignar”.
Ibazeta indicó que, cuando Abimael Guzmán inició la guerra contra el Estado, el presidente Belaúnde no podía hacerle frente porque no había un marco normativo antiterrorista. “Se genera uno, pero con penas leves”, detalla el ex juez. Esta normativa incrementa las penas durante el gobierno de Alan García; sin embargo, en el año 1991, estas se reducen nuevamente. "¿Qué Estado tenemos que cuando vemos un estímulo no trabajamos integralmente?", reflexionó el ex magistrado.
