El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva abandonó por primera vez en siete meses la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde cumple una pena de más de 12 años de cárcel, para ser interrogado durante tres horas por el presunto beneficio de reformas pagadas por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht entre 2010 y 2014.
La audiencia, cerrada a la prensa y sin transmisión en directo, estuvo a cargo de la jueza Gabriela Hardt, que comanda provisoriamente la operación anticorrupción "Lava Jato" en sustitución de Sergio Moro, futuro ministro de Justicia del presidente electo Jair Bolsonaro.
Durante el interrogatorio el exmandatario afirmó que nunca pidió las obras por cerca de un millón de reales (270,300 dólares), con las que fue beneficiado, que tres empresas hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio del estado de Sao Paulo, la cual usaba como finca de recreo.
