La situación legal de Susana Villarán se complica tras la determinación del juez Manuel Chuyo, titular del Juzgado del Sistema Especializado contra Corrupción, quien declaró fundado el pedido de impedimento de salida del país por ocho meses contra la exalcaldesa.
Durante la audiencia, Villarán de la Puente solicitó hacer uso de la palabra para negar alguna responsabilidad en el presunto financiamiento de Odebrecht y OAS a la campaña del No a la revocatoria en 2013.
"No soy responsable de los hechos que se me imputan (...) Siempre he estado disponible para acudir a todas las diligencias solicitadas por el Ministerio Público", expresó Villarán.
Y es que uno de los argumentos, alegando que no existía peligro de fuga, fue que su pasaporte no estaba vigente.
"Vivo en el Perú con mis nietas e hijos. Es mi deseo que todo esto se esclarezca con mi presencia activa, confiando en su buen juicio", indicó la exautoridad edil.
Cabe señalar que en las revelaciones de Jorge Barata y Valdemir Garreta, quienes afirmaron el aporte de 3 millones de dólares a la campaña también está implicado José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima. Su defensa no se opuso al impedimento de salida del país.
Finalmente, el juez Manuel Chuyo pidió cursar oficios a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que se cumpla la disposición contra Susana Villarán y José Miguel Castro.
