El vocero de la bancada mayoritaria del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró que la denuncia constitucional presentada para retirar del cargo al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se debe a la grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción con respecto al caso Lava Jato, y no en represalia por el proceso contra su lideresa, Keiko Fujimori.
"Esto no tiene nada que ver con otros temas que están en proceso y que están bajo investigación. Es por la omisión funcional por no haber garantizado que se hayan iniciado las investigaciones contra varias empresas peruanas socias de la corrupta Odebrecht", expresó Salaverry.
Ante esta situación, algunos congresistas no tardaron en pronunciarse al respecto.
Para su colega de bancada Héctor Becerril, nadie está por encima de la ley, ni siquiera Pablo Sánchez, por lo que negó tajantemente que se trate de una revancha.
En tanto, el aprista Javier Velásquez Quesquén sostuvo que la investigación Lava Jato está en curso y se tendría que evaluar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la interferencia en el proceso.
Por otro lado, el congresista de Peruanos por el Kambio Alberto de Belaunde, manifestó que existiría un abuso de las denuncias constitucionales, indicando que se trataría de ejercer presión a pocos días del interrogatorio de Marcelo Odebrecht en Brasil.
Sin embargo, el parlamentario Justiniano Apaza de Frente Amplio, cuestionó que la denuncia se desarrolle en el contexto de la investigación de organización criminal contra Fuerza Popular.
Cabe señalar que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, rechazó la acusación en su contra, indicando que cuando hay temor surgen las reacciones apresuradas.
