Tras realizar un operativo, agentes de la Policía Nacional recuperó 25 teléfonos públicos adulterados que habían sido instalados en bodegas, peluquerías y mercados, en el Cercado de Lima.
Gracias a un dispositivo instalado en el teléfono, los delincuentes pueden realizar llamadas para amedrentar a sus víctimas sin ser rastreados ni monitoreados, debido a que en los registros de llamadas de las víctimas aparecen números inexistentes.
El general Carlos Tuse Lloclla, jefe de Seguridad del Estado, recalcó que la manipulación de estos aparatos es considerado un delito penado entre 4 y 6 años de prisión.
