El gobierno nicaragüense se quedó sin oposición y con todos los poderes bajo su control, luego de una medida tomada por Tribunal Electoral y ejecutada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Unos 28 diputados opositores del Partido Liberal Independiente (PLI) electos en 2011, fueron destituidos de sus cargos por no aliarse con el oficialismo.
Este fallo tiene sus raíces en otro duro golpe que recibió la oposición en junio, cuando la Corte Suprema le retiró la representación legal del PLI a Eduardo Montealegre y se la entregó al político Pedro Reyes, quien les exigió obediencia a los diputados elegidos en 2011 por el PLI.
Los parlamentarios opositores, por su parte, se negaron a obedecer a Pedro Reyes, al considerarlo un “aliado silencioso” del presidente Ortega. Fue basándose en ese argumento que el presidente y Pedro Reyes le solicitaron al Tribunal Electoral retirar de sus cargos a los diputados rebeldes y este acató el pedido.
